Cabezal

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lunes, 26 de mayo de 2014

Resolución Asamblea de Egresados FHCE sobre candidaturas al Rectorado

Montevideo, 26 de mayo de 2014

Los Egresados de Humanidades y Ciencias de la Educación reunidos en Asamblea el día de la Fecha, considerando:
  • La propuesta de ADUR para conformar una comisión ad hoc del CDC en relación a las posibles candidaturas para ocupar el cargo de Rector,
  • La aparición pública del nombre del Decano de la FHCE Prof. Dr. Álvaro Rico cuya candidatura a Rector se cuestiona por no de tener título expedido por la UdelaR,
  • Lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de la UdelaR,
  • Lo establecido en la Ordenanza de expedición de títulos de la UdelaR a estudiantes que hayan estudiado en el extranjero (1988),
  • Lo resuelto por el CDC de la UdelaR en el año 2006, en ocasión de habilitarse las candidaturas de Arocena y Markarián, quienes hasta ese año no habían podido ser candidatos a ocupar el cargo de Rector de la UdelaR,
  • Los informes realizados hace años por distinguidos juristas sobre las condiciones y requisitos para ser Rector,
  • El actual ordenamiento jurídico que rige a la UdelaR, el cual ha sufrido modificaciones que deben ser consideradas a la hora de analizar el tema de las habilitaciones para ser Rector de la UdelaR,
  • La existencia, a partir de 2011, de antecedentes en la UdelaR que permiten sustituir un título revalidado por la UdelaR por un título expedido por la UdelaR.

Resuelven:

Solicitar a los colectivos universitarios que apoyen la conformación de una comisión ad hoc del CDC de la UdelaR, integrada por delegados de los Órdenes, por Rectorado y por Jurídica de la Universidad a los efectos de contemplar la siguiente solicitud.

  1. Atender la situación de aquellos docentes de la UdelaR que contando con título revalidado por la UdelaR y cumpliendo todos los requisitos para ser Rector, excepto el de tener título expedido, no pueden ser candidatos debido a que un gobierno ilegítimo, la dictadura cívico-militar (1973-1985), les quitó el derecho a realizar sus estudios en la UdelaR (hecho determinante para no contar con título expedido).
  2. Estudiar los caminos legalmente posibles a los efectos de restituir el derecho a contar con título expedido por la UdelaR para aquellos docentes comprendidos en el inciso (a).

Breve fundamentación:
El caso del Prof. Álvaro Rico es un ejemplo, pero seguramente no el único, de personas que vieron y aún ven cercenados sus derechos por causa de la dictadura cívico-militar. Quienes pensaron la ley en 1958 y acordaron el “espíritu” de que el Rector de la UdelaR debía haber formado parte de los tres Órdenes (estudiante, egresado, docente) no pensaron en la interrupción del pleno estado de derecho. La dictadura impidió a muchos ejercer su derecho a estudiar en la UdelaR. Quienes, como en el caso de Rico, se fueron al extranjero y volvieron en 1985 ya con título de grado y posgrado del exterior, no fueron contemplados por la ordenanza de 1988, aquella que establece que los estudiantes que han cursado al menos un 20% de la carrera en la UdelaR están en condiciones de recibir un título expedido por la UdelaR, habiendo cursado el 80% en una universidad extranjera. Esto contempló la situación de los estudiantes, reparándose el derecho quitado por la dictadura y alterándose en parte (con justicia) el “espíritu” de la ley del 58. Pero el derecho de quienes eran universitarios, pero ya no eran estudiantes, no fue reparado.
Álvaro Rico, y probablemente otros docentes universitarios, cumplen hoy con todos los requisitos establecidos por la Ley Orgánica para ser Rector, excepto el contar con título expedido por la UdelaR. ¿La causa? Haber sido perseguido por la dictadura cívico-militar. Es paradójico que cualquier persona que cumpla con lo establecido en la ley orgánica, atendiendo a lo enmendado mediante ordenanza en 1988 - incluso alguien que apoyó a la dictadura y no pasó por ningún órgano de cogobierno - tenga el derecho a ser elegido como Rector de la UdelaR y alguien que luchó contra el autoritarismo, ha integrado todos los órganos de cogobierno de la UdelaR y ha desarrollado líneas de investigación de calidad y con alta pertinencia social para recuperar la verdad histórica del pasado reciente, no cuente con ese derecho al día de hoy, casi 30 años después de recuperada la democracia. Es éste un ejemplo más de las consecuencias originadas por la dictadura. No sólo continúan impunes los crímenes cometidos, sino que en el seno de la UdelaR, tenemos también resabios como éste. La pregunta es si no haremos lo que esté a nuestro alcance (política y legalmente) para corregir esto. Una vez detectada la situación, ¿no haremos nada? ¿Seguiremos avalando esta situación o pondremos lo mejor que tiene nuestra Universidad para estudiar la situación y evaluar caminos posibles? Existen propuestas (que atienden y corrigen esta situación, sin necesidad de modificar la ley orgánica) para ser evaluadas por los juristas que la UdelaR decida, pero no parece serio seguir estos debates y estas propuestas a través de mails, sms, redes sociales y artículos de prensa con verdades a medias, que poco favor le hacen a resolver seriamente los legítimos planteos que colectivos docentes, estudiantiles y de egresados realizan. Somos la Universidad de la República y como tal debemos estar a la altura de los acontecimientos. Solicitamos por lo tanto a egresados, docentes y estudiantes de la UdelaR que acompañen el establecimiento de una comisión ad hoc del CDC que estudie esta propuesta y todas aquellas que se entiendan pertinentes hacer llegar a la comisión. La misma deberá estudiar este tema y expedirse a la brevedad.
¿Por qué oponerse a estudiar el tema? En menos de un mes podríamos estar resolviendo con todas las garantías institucionales para todas las partes. Una vez analizado el tema en el seno de la Comisión propuesta serán los colectivos universitarios quienes decidan los caminos a seguir, en los ámbitos de cogobierno pertinentes (Consejos, CDC, AGC), confrontando ideas, buscando consensos, y desterrando por completo las chicanas que evitan un análisis institucional serio y empobrecen a la democracia universitaria que todos decimos defender.

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